Se investigan tramas en las que podría haberse enriquecido el presidente de la Federación Española
España.
Ángel María Villar era el último sobreviviente de una generación de dirigentes del fútbol mundial marcada por el escándalo. Pero la suerte abandonó esta mañana al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cuando la Guardia Civil lo arrestó por orden de un juez que lo investiga por corrupción.
Su detención comenzó tras una denuncia del Consejo Superior de Deportes en 2016 que lo acusaba de impulsar la celebración de partidos entre la selección española y otras selecciones, a cambio de contraprestaciones en forma de contratos o relaciones comerciales para su hijo Gorka Villar, experto en derecho deportivo.
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El máximo dirigente del fútbol español, en el cargo desde hace 29 años, había pasado por los juzgados para declarar por el Caso Haití, en el que la Federación habría supuestamente malversado fondos que estaban destinados a la creación de escuelas de fútbol e infraestructuras tras el terremoto que destruyó el país caribeño. Este no es el único caso en el que el presidente se ha visto envuelto.
Sin embargo, Villar no ha sido detenido por este ni por otros escándalos a los que se le asocia, sino por cinco delitos que se le imputan.
El primero de estos delitos es la administración desleal según el cuál Villar habría adjudicado contratos a empresas de su hijo Gorka para el enriquecimiento familiar. La empresa se habría lucrado de las adjudicaciones del presidente de la RFEF desde 2011 con cifras millonarias.
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El segundo delito que se le imputa es la apropiación indebida y el tercero es la corrupción entre particulares. Ambos estarían relacionados con la compra de votos que el señor Villar habría presuntamente realizado con los recursos económicos de la Federación con el objetivo de asegurarse la presidencia de la misma a través de ciertas prebendas y comisiones.
Ángel María Villar (c), presidente de la RFEF, a su llegada a la sede de la Federación, en Las Rozas (Madrid) detenido por la Guardia Civil por presuntas irregularidades delictivas en su gestión.
