España
La máxima autoridad deportiva del gobierno de España dijo que se personará en el caso judicial que el Barcelona afronta por los pagos de millones de euros durante años a una compañía propiedad del otrora vicepresidente del comité de árbitros.
José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), dijo al canal Telecinco que el gobierno se sumará a las otras partes acusadoras en el proceso judicial contra el club.
El CSD es la más reciente entidad que anuncia su intención de actuar luego que la Fiscalía formalmente acusó al viernes al Barcelona de presunta corrupción, administración fraudulenta y falsificación de documentos. Un juzgado deberá admitir si procede con la denuncia.
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“La intención del CSD es personarse, pero en el momento oportuno», dijo Franco. «No hay que olvidar que la Fiscalía ha denunciado ante un juzgado de instrucción. Ese juzgado tiene que admitirlo a trámite y ahí será cuando nosotros, con nuestros servicios jurídicos, nos personemos ya en esta causa”.
El Real Madrid anunció el domingo, luego de una reunión de su directiva, que también se personará contra su clásico rival, convirtiéndose en el más reciente club que se pronuncia alarmado ante el escándalo. Asimismo, la Liga de España y la federación nacional de fútbol de fútbol contemplan hacerlo.
El Barcelona ha enfrentado una oleada de cuestionamientos desde que se dieron a conocer los pagos millonarios del club, investigados inicialmente como parte de una indagatoria fiscal contra la empresa de José María Enríquez Negreira, quien fue parte del comité de árbitros de la federación entre 1994 y 2018.
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El club catalán insiste en que no cometió ningún delito ni incurrió en conflicto de interés, asegurando que pagó por reportes técnicos sobre árbitros, pero nunca intentó influir en su decisión en los partidos.
Tras el anuncio del Real Madrid, el presidente del Barça, Joan Laporta, dijo que el club “es inocente de lo que se le acusa” y que era “víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos”. Añadió que ”muchos tendrán que rectificar”.
En documentos presentados ante la corte y observados por The Associated Press, los fiscales señalan que los pagos por parte del club llegaron en realidad a 7,3 millones de euros (7,7 millones de dólares) de 2001 a 2018. Añadieron que “ello supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la asamblea general por lo que carecía de título que lo justificara”, según los documentos.
Aún no se encontrado evidencia de que se influyó en la actuación de los árbitros o en los resultados.
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“Me preocupa este caso porque al deporte español no le viene bien, le viene mal”, dijo Franco. “Un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros. Es verdad que hay que investigarlo”.
“Le pediría al Barcelona un tipo de aclaración, que digan qué ha pasado», añadió Franco. «Podría no ser tan grave como aparenta, pero el tema es muy feo y nos preocupa y supone un descrédito para el deporte y fútbol español”.
