Los abogados del exjugador del Barcelona volvieron a hacer la petición de dejar en libertad a Ronaldinho, pero la respuesta fue negativa

Asunción, Paraguay

Un tribunal de apelación ratificó hoy que el exastro brasileño Ronaldinho, deberá seguir en prisión en Asunción por utilizar pasaporte paraguayo adulterado.

Los abogados de Ronaldinho y su hermano Roberto plantearon ayer la revisión de medidas adoptada por un juez el pasado martes. El tribunal de apelaciones tenía plazo hasta el lunes próximo para tomar una decisión pero se pronunció este viernes al rechazar la petición de libertad del exfutbolista del FC Barcelona.

«No ha cambiado el peligro de fuga y de obstrucción a la investigación que fundamentan la medida cautelar para mantener sujeto al proceso a los hermanos Assis Moreira», subrayó el fallo de los jueces.

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Ronaldinho, ganador del Balón de Oro en 2005, y su hermano Roberto están privados de su libertad desde el viernes de la semana pasada, imputados por el supuesto delito de uso de documentos públicos de contenido falso.

Ambos utilizaron pasaporte paraguayo adulterado para ingresar al país el miércoles 4 de marzo y de su poder también se incautaron cédulas de identidad paraguayas.

Por el escándalo están imputados 16 personas, varias de ellas policías y funcionarios, además de un empresario brasileño.

Existe una orden de captura sobre una empresaria paraguaya, titular de una fundación de promoción de niños indigentes que patrocinó su venida al Paraguay. El director de Migraciones, Alexis Penayo, renunció por efecto del escándalo.

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Uno de los fiscales investigadores, Marcelo Pecci, reveló que los documentos que fueron encontrados en poder de Ronaldinho y Roberto costaron a los gestores del trámite 18.000 dólares.

Dos gestores detenidos, Sebastián Medina e Iván Campos, revelaron que tales documentos les fueron solicitados por la empresaria Dalia López, titular de la fundación «Fraternidad Angelical», patrocinante de la venida de la estrella del fútbol, supuestamente para ser obsequiados a los brasileños.

Los gestores fueron imputados por «producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal».