Roma, Italia

La Fiscalía italiana pidió hoy un año de inhabilitación para el presidente del Juventus, Andrea Agnelli, y once meses para el máximo dirigente y propietario del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, por un delito de posible fraude contable, en el juicio que celebra el tribunal de la Federación Italiana de Fútbol y que involucra a once clubes.

Este martes comenzó en Roma este proceso, que trata de esclarecer si once clubes, entre ellos cinco de Primera división (Serie A) del campeonato liguero italiano (Juventus Turín, Nápoles, Génova, Sampdoria y Empoli), incurrieron en un delito de plusvalías ficticias. Un escándalo que ha salpicado a más de sesenta directivos.

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La Fiscalía italiana ha pedido la suspensión de sus funciones para 61 directivos, entre ellos los del Juventus Pavel Nedved (ocho meses), Maurizio Arrivabene (ocho meses), Federico Cherubini (seis meses y 20 días) y el exdirector deportivo Fabio Paratici (16 meses y diez días), según publicó la «Gazzetta dello Sport». Además, reclama una multa de 800.000 euros para el conjunto «bianconerO».

En el caso del Nápoles, la fiscalía solicita la inhabilitación de De Laurentiis (11 meses y cinco días), su mujer y sus hijos Edoardo y Valentina (6 meses y 10 días), y su brazo derecho Andrea Chiavelli (9 meses y 15 días), estos cuatro últimos directivos del club, que se enfrenta a una sanción de 329.000 euros.

En cuanto al resto de la Serie A: en el Sampdoria, su expresidente Massimo Ferrero se enfrenta a 12 meses y su secretario general, Massimo Ienca, a 8 meses y 20 días; el presidente del Empoli, Fabrizio Corsi, a 11 meses y 15 días; mientras que el presidente del Génova, Enrico Preziosi, lo hace a 6 meses y 10 días, y su exconsejero delegado Alessandro Zarbano, a 10 meses y 15 días.

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La Fiscalía también ha pedido el pago de 195.000 euros para el Sampdoria, 42.000 euros para el Empoli y 320.000 euros para el Génova.

El juicio afecta igualmente a los equipos de Segunda división (Serie B) Parma y Pisa.

Según la Fiscalía, las supuestas plusvalías ficticias conseguidas con la venta de sus jugadores fueron cruciales para su participación en el campeonato y por eso exige una multa de 338.000 euros para el Parma y 90.000 euros para el Pisa.