La Fiscalía de Nápoles (Italia, sur) investiga al Nápoles y a su presidente y accionista mayoritario, Aurelio De Laurentiis, por un posible fraude contable relacionado con el fichaje del nigeriano Victor Osimhen y el traspaso de otros cuatro jugadores en el verano de 2020.

Por orden del la Fiscalía napolitana, la ‘Guardia di Finanza’ (policía de asuntos fiscales), organismo dependiente del Ministerio de Economía italiano, ha realizado registros en las oficinas de Nápoles y de Roma en busca de documentos relacionados con la compraventa del ariete Victor Osimhen, procedente del Lille francés, por una cifra cercana a los 70 millones de euros en verano de 2020.

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«El asunto relativo al traspaso del futbolista Victor Osimhen, ya objeto de una solicitud de una orden de investigación europea por parte del Fiscal del tribunal judicial de Lille, condujo a la iniciación de procedimientos penales también en esta Fiscalía (Nápoles)», informó la Fiscalía napolitana en un comunicado.

La policía francesa, de la misma manera por orden de la Fiscalía de Nápoles, actuó también en busca de documentos relacionados que puedan esclarecer el fichaje de Osimhen y el de otros cuatro jugadores que fueron traspasados del conjunto italiano al francés en el mismo mercado de fichajes y que están bajo sospecha: Orestis Karnezis, Claudio Manzi, Ciro Palmieri y Luigi Liguori (los tres últimos del segundo equipo), por los que el Lille pagó en total al Nápoles una cifra cercana a los 20 millones de euros.

Además del directivo, su esposa Jacqueline Baudit, su hijo Edoardo y su hija Valentina también han sido inscritos en el registro de sospechosos de la Fiscalía de Nápoles, según apuntan los medios locales.

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De Laurentiis vuelve a ser investigado tras la polémica de las plusvalías en Italia. El pasado mes de abril la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ya acusó a varios equipos de la Serie A, B y C de aumentar el valor de mercado de los jugadores para generar mayores ingresos al transferirlos.

En concreto, la Fiscalía de la FIGC pidió para De Laurentiis una inhabilitación de once meses y cinco días, así como una sanción económica de 329.000 euros.

Sin embargo, el propio Tribunal Federal de la FIGC absolvió a los acusados, entre los que también se encontraban altos cargos del Juventus, al no tener una acusación sólida.