Brasil

Neymar, una de las máximas figuras del París Saint-Germain de Francia, consiguió un habeas corpus en un tribunal brasileño gracias al cual no podrá ser «procesado o detenido» por evasión fiscal en su país, en el marco de dos acciones tributarias, según informó su asesoría.

El Tribunal Federal Regional de la 3ª Región de Brasil determinó la suspensión de un «procedimiento criminal investigativo» en el cual la Fiscalía le proponía un acuerdo a Neymar, exjugador del Barcelona y Santos, para evitar sentarlo en el banquillo de los acusados.

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«Sería marcadamente autoritario amenazar con Derecho Penal a aquel que ejerce su derecho constitucional elemental de pagar todo cuando sea debido, pero sólo cuando sea debido», alegó la defensa de Neymar en una nota, representado por el bufete Davi Tangerino Advogados.

Neymar, libre de ir a prisión por evasión fiscal

Este caso no tiene relación con el juicio que la estrella brasileña afrontará en España el próximo octubre, un mes antes de que empiece el Mundial Qatar 2022, por presuntas irregularidades en su fichaje por el Barcelona en 2013.

En la causa, el popular ‘Ney’ es acusado de evasión fiscal por no declarar correctamente y, por tanto, no abonar los impuestos correspondientes referentes a unos pagos que él y su familia recibieron del Barcelona entre 2011 y 2013. En ese momento, jugaba en Santos.

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El Fisco brasileño le impuso una multa de 188 millones de reales (hoy unos 36 millones de dólares) que el futbolista consiguió rebajar de forma considerable mediante una serie de recursos en instancias judiciales.

En mayo de 2020, consiguió además una cautelar que le permitió suspender el pago de la multa hasta que el caso fuera juzgado.

Neymar aún tiene que responder por su llegada al Barcelona

La defensa de Neymar alega que buena parte del dinero que le exigen las autoridades brasileras lo abonó en España, mientras defendía los colores del Barcelona, a través del pago de impuestos en ese país, cuyos valores deberían restarse a la multa.

Tras el habeas corpus, sus abogados insistieron en que no hay la «mínima certeza sobre la existencia de un hecho criminal», ni «la posibilidad de que el Ministerio Público Federal buscase una condena» o tuviera un «interés en actuar».