Bruselas, Bélgica
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pone en duda la legalidad de ciertas normas de la FIFA sobre la transferencia de jugadores profesionales y considera que «pueden resultar contrarias a la libre circulación de trabajadores» entre los Estados miembros. El caso que ha analizado el jurista Maciej Szpunar, cuyas conclusiones no son vinculantes pero son seguidas en gran parte por los magistrados comunitarios en sus sentencias, es el litigio que comenzó en agosto de 2014 entre Lassana Diarra y el Lokomotiv de Moscú.
El jugador francés abandonó el Real Madrid en septiembre de 2012 y comenzó su aventura rusa, primero en el Anzhi y luego en el Lokomotiv de Moscú, que pagó 12 millones de euros en agosto de 2013. Pero la estancia del centrocampista francés terminó abruptamente cuando el club moscovita rescindió su contrato por un «supuesto incumplimiento» en verano de 2014, ya que el jugador no aceptó una bajada de sueldo. Entonces, comenzó una guerra judicial sobre la que se ha pronunciado Szpunar ahora. En este caso, según fuentes jurídicas, el criterio responde a lo que recoge la normativa comunitaria en materia laboral.
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Tras rescindir el contrato con el centrocampista, el Lokomotiv reclamó en la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA una indemnización por parte del futbolista. Por su parte, Diarra acudió a la misma instancia para solicitar el pago de los sueldos atrasados. Además, consideró que estaba libre y se dispuso a buscar un nuevo equipo. Aquí apareció en escena el Charleroi belga, interesado en fichar a un internacional francés prácticamente gratis.
Pero futbolista y club se toparon con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA, que rige todos los traspasos en el planeta fútbol. Este documento contempla que en el caso de una ruptura abrupta de un contrato deberán de ser el jugador y su nuevo club los que paguen la indemnización, si es pertinente, al club de origen (en este caso el Lokomotiv). Además, mientras persista el litigio no se emitirá el permiso internacional para que el profesional pueda jugar en otro país.
Un año parado
Ante esta situación, el Charleroi se retiró y Diarra fue condenado por la cámara de la FIFA a pagar 10 millones de euros a la entidad rusa. Pagó y pudo continuar su carrera en el Olympique de Marsella tras estar un año parado. El castigo fue ratificado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en 2016.
Entonces, Diarra, representado por el abogado del ‘caso Bosman’ Jean-Louis Dupont, acudió a la justicia ordinaria. Demandó a la FIFA (por sus normas) y a la Federación Belga de Fútbol (al no emitir el transfer) por daños y perjuicios al no permitirle jugar con el Charleroi y seis millones de euros en concepto de lucro cesante. El tribunal belga elevó la cuestión al TJUE. «No cabe duda de que el RETJ tiene un carácter restrictivo respecto a la libre circulación», afirma Szpunar, que no valora el conflicto Lokomotiv-Diarra sino las consecuencias de la norma.
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«Esas disposiciones pueden desanimar o disuadir a los clubes de contratar jugadores ante el temor de tener que asumir un riesgo económico», añade el Abogado General, que incide además en que las sanciones deportivas que pueden recibir estas entidades «pueden impedir a un jugador ejercer su actividad profesional en un club de otro Estado miembro». Y remacha en su informe: «Al limitar la capacidad de los clubes de contratar jugadores, el RETJ afecta necesariamente a la competencia entre clubes en el mercado de la adquisición de profesionales».
